"Queremos la verdad sin trampas ni trucos del gobierno"

Diputados de la Concertación Humanista

"No vamos a permitir que nuestro intento de lograr verdad y justicia respecto de las brutales agresiones sufridas por el pueblo venezolano a causa de sus protestas sociales, sea convertido en una trampa para perder tiempo, apagar el reclamo popular y aparentar normalidad en momentos de tan profunda crisis".

Así lo manifestaron los diputados de la fracción de la Concertación Humanista, quienes sobre la propuesta de comisión para averiguar los sucesos en los que se han producido asesinatos, heridos, detenciones a granel y actos vandálicos, dijeron que previamente debe el gobierno "cesar la represión policial y militar, desarmar sus grupos paramilitares, dar libertad plena a todos los presos políticos incluyendo a Leopoldo López y parar de inmediato las amenazas a María Corina Machado".

Los parlamentarios exigen también que se termine el acoso a los medios de comunicación social y a sus representantes nacionales e internacionales, al igual que la inmediata provisión de condiciones para restablecer la operación de los medios en el país.

Tales señalamientos en nombre de la fracción de la Concertación, tuvieron como voceros a los legisladores Biagio Pilieri, Deyalitza Araiz, Miguel Ángel Rodríguez, Eduardo Gómez Sigala, Carlos Berrizbeitia, Abelardo Díaz, Iván Colmenares y Vestalia Sampedro.

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"Estamos prestos a integrar comisión por la verdad y la justicia"

Luego de la propuesta hecha al país por el Gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, Diputados de la Unidad Democrática se manifestaron "prestos a integrarse en un esfuerzo de sustanciación de los eventos en los que hasta los momentos y suma ya más de 11 muertes, decenas de heridos y centenares de detenidos en todo el territorio nacional".

Así lo manifestó el diputado tachirense Miguel Ángel Rodríguez, quien junto a sus colegas Julio Montoya (Zulia) y Alfonso Marquina (Miranda), acometen por varios días un trabajo de verificación y organización de materiales que puedan vencer las "precariedades informativas impuestas a los venezolanos, tanto por el acoso a periodistas nacionales e internacionales, la desaparición forzosa del papel periódico, como por la arrolladora campaña del gobierno para criminalizar a todos cuantos protestamos con sobradas razones y en ejercicio de nuestro derecho constitucional".

Rodríguez dijo que si es cierto que todos los diputados de la Asamblea Nacional  quieren la paz, entonces no debería existir excusa alguna para que no se integre esta comisión que valide el relato final sobre quiénes, entre gobernantes, militares, paramilitares, policías, infiltrados, funcionarios judiciales y manifestantes; están detrás de los asesinatos, lesionados, vejámenes, detenciones arbitrarias y actos vandálicos.

Alfonso Marquina insiste en que tal trabajo podrá facilitar la liberación plena de centenares de personas que están privados de libertad o bajo régimen de presentación, "incluyendo el caso de Leopoldo López y la amenazada Diputada María Corina Machado, a quienes el gobierno nacional señala, acusa, sentencia y condena por pensar distinto y reivindicar el derecho a la protesta pacífica y constitucional".

Julio Montoya exigió, por lo que considera un grave momento de duelo y convocatoria a la seriedad de todo quien verdaderamente "ame a Venezuela"; que el Presidente Nicolás Maduro inicie de inmediato un proceso de escucha activa a quienes manifiestan por la situación general del país y "sepa diferenciar monólogo impositivo de diálogo constructivo. Ese gesto podría iniciarse con el retiro del teatro de guerra en Táchira y el fin de las amenazas contra autoridades legítimas que también han sido procesadas de facto por el jefe del Ejecutivo".

Finalmente, tanto Rodríguez, como Montoya y Marquina; recriminan “que el alto gobierno haya pasado tres días hablando de diálogo y de conferencias nacionales de paz, justo cuando han recrudecido los ataques armados contra los manifestantes, con uso de armas de guerra”. 

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Teatro de Guerra en Táchira viola convenciones humanitarias

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Miguel Ángel Rodríguez, señala que tanques y aviones de guerra, además de la aparente sustitución de mando en el Estado, a manos de un cuartel general destacado en el Comando Regional número uno, "no sólo derivan en los desmanes de uso desproporcional de la fuerza, sino que además configura un esquema de terrorismo sicológico".

Señala el diputado que este terrorismo sicológico "sólo aviva más la protesta de los ciudadanos, aumentando peligros y saldos lamentables de ataques, no sólo por parte de infiltrados y grupos de choque paramilitares, sino también por parte de militares de la localidad y hasta paracaidistas de otras zonas".

El diputado, quien junto a otros parlamentarios recaba y procesa información documental y testimonial de los sucesos del país durante los últimos días, rechazó el planteamiento gubernamental de establecer un Teatro de Guerra Militar en la entidad.  "Bajo presunción de ocupaciones extranjeras y de posibles actos terroristas por consumarse, este Teatro de Guerra Militar, se está oponiendo contra las manifestaciones ciudadanas, en violación de convenciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos".

Grave riesgos para alcaldes

El parlamentario llamó la atención no sólo sobre el trato de "enemigo interno" que estaría recibiendo la ciudadanía que protesta en el Táchira, sino también sobre lo que considera enorme riesgo en que habrían puesto las declaraciones del gobierno nacional a los alcaldes recién electos de la unidad democrática.

La vida de estos burgomaestres, dijo, al ser calificados como actores asociados al paramilitarismo colombiano, "corre el peligro de convertirse en objetivo de guerra, en una zona en la que por muchos años se ha denunciado y demostrado presencia guerrillera, colombiana y venezolana. Y si hay posiciones guerrrilleras, y si hay paramilitares, hay que recordar también que tal responsabilidad recae en el gobierno nacional, como ahora recae la responsabilidad de lo que ocurra con la vida de los alcaldes y sus familias".

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"URGE QUE EN LA PACIFICACIÓN ACTÚEN LAS IGLESIAS COMO GARANTES"

Diputado Miguel Ángel Rodríguez

La violencia de los últimos días, en las que el propio Presidente Maduro ha mencionado la versión de pequeños grupos infiltrados y los movimientos estudiantiles y políticos opositores han rechazado enfáticamente, es para el diputado tachirense Miguel Ángel Rodríguez suficiente razón para que el plan de pacificación anunciado por el gobierno nacional se nutra de garantes y en tal condición propone a los representantes de las distintas iglesias que influyen espiritualmente en todos los venezolanos.

La pacificación, dijo, no puede convertirse en una razia política, dado que por unilateral percepción, el gobierno nacional nuevamente se dice estar siendo víctima de un golpe de estado y de inmediato pareciera abrir juicios y dictar sentencias contra dirigentes juveniles y líderes del ámbito opositor, tendiendo sobre todos un manto de sospecha de perfil fascista y terrorista.

”Nosotros repudiamos la agresión a la residencia del gobernador Vielma Mora, repudiamos los destrozos al Ministerio Público y demás instalaciones y activos de la República. Pero con la misma firmeza rechazamos que se criminalice el derecho a la protesta contra tantos problemas que nos aquejan y que veamos además de muertos y lesionados de distinta creencia política; detenciones arbitrarias, procesos fuera del orden constitucional y tratos crueles a manifestantes y no manifestantes tomados presos al azar. En este cuadro, si Nicolás Maduro lanza un plan de pacificación, debe entender que él mismo ya no puede ser juez y parte".

Señala que de urgencia los representantes de las iglesias deberían ser convocados para que elaboren rutas y mecanismos que permitan un intercambio franco de propuestas, en los distintos niveles del país, que hagan posible la convivencia ciudadana y la superación de los problemas de la inseguridad, de la ausencia de productos, de la carestía, de las trabas a la producción nacional suficiente y generadora de empleos reales. “Todo, exento de una guerra política que todo lo contamina cuando desde el máximo eslabón del poder se puede llegar a tildar de asesino, de terrorista, de genocida o de sospechoso de cualquiera de los anteriores a cuantos disientan del camino por el cual el equipo político dominante lleva a Venezuela.

"Si en verdad a todos nos une el deseo de superar los problemas y vivir en paz, entonces también el gobierno debe parar de inmediato el acoso a medios y a periodistas, quienes son sorprendidos con distinto tipo de amenaza con castigos judiciales y patrimoniales y están siendo impedidos de informar. Mientras el aparato comunicacional del gobierno, transmite todo tipo de imagen e información de corte violento con la firme orientación de mantener una campaña de propaganda contra todos los que protesten o acompañen protestas pacíficas y constitucionalmente garantizadas. Ese no es el camino a la paz, sino a la profundización de la violencia. Los jerarcas de las iglesias podrían también contribuir a superar este peligroso fenómeno".

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"El país exige liberación de presos políticos y diálogo sin chantajes"

Dip. Miguel Ángel Rodríguez

"Es impresentable la crueldad de que pase otro día sin que se dicte la medida humanitaria a Iván Simonovis y se preparen más decisiones que favorezcan a los presos políticos del país. Tanto será, que jefes de instituciones del estado y fuertes aliados del gobierno nacional así lo sugieren públicamente. Definir esta situación y acabar con el chantaje político sobre los líderes de oposición en general, pero sobre todo los recién electos, es lo que corresponde hacer al jefe del gobierno Nicolás Maduro, de inmediato y por su propio bien".

Así lo refiere el Diputado a la Asamblea Nacional Miguel Ángel Rodríguez, a propósito de las apreciaciones del Ministerio Público sobre la amnistía que puede decidir el Presidente de la República y las que en su programa ha reiterado el ex vicepresidente José Vicente Rangel sobre el comisario Iván Simonovis, que se suman al concierto de procuras de medidas humanitarias dentro y fuera de Venezuela.

Rodríguez, quien recuerda ser uno de los firmantes de la ley de amnistía que se presentó a la Asamblea Nacional en 2011, considera "criminal" seguir respondiendo con silencio o con calumnias de cualquier tipo, las peticiones de medidas humanitarias y de reconsideración de sus condiciones, tanto al ex director de seguridad ciudadana de la Alcaldía Metropolitana, como a las demás personas que quedaron condenadas luego de "tan viciados procesos judiciales. Ha pasado más de una década. Debe solucionarse su situación".

CESE DEL DESPOJO Y EL CHANTAJE

Considera el parlamentario que todo el país seguramente ponderaría como positivo que Nicolás Maduro dé este paso, pero que además exhiba "muestras de respeto democrático" a quienes luchan desde las filas de la oposición por un cambio político en el país y a quienes por esa misma lucha acaban de ser electos alcaldes y concejales.

Rodríguez considera contraria a la paz que ansían los venezolanos, la serie de "despojos, de activos y facultades, que ha decidido el gobierno nacional contra las localidades ganadas por la unidad democrática, y la instalación de administraciones paralelas que bajo el título de protectores, realmente son guerrillas contra la voluntad popular".

Dice que no puede haber más condicionamiento que el respeto a las exigencias que a gobernadores, alcaldes y concejales, pero también al jefe del gobierno nacional, hace la carta magna. "Aquí el diálogo político no puede darse sólo si a uno u otro actor se le tuviera que consentir tanto el ego como su propuesta. Eso es autoritarismo, eso es totalitarismo, y eso lo debería entender el propio Nicolás Maduro".

Recalca que la "retrechería" sólo perjudicará a una población que lleva "a cuestas lesiones importantes, por la criminalidad, la pérdida del poder adquisitivo, la escasez de productos esenciales, la caída del empleo real y productivo, y la crisis de los servicios públicos y asistenciales. Si se sigue perdiendo el tiempo en politiquería será a él mismo, a Maduro, a quien se le facturarán los problemas. Debe haber dialogo, respeto y entendimiento para trabajar por la reconstrucción y eso no permite más demora".

 

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Diputados exigen apertura de frontera y derogación de decreto 600

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Diputados exigen apertura de frontera y derogación de decreto 600

En nombre del bloque parlamentario del Estado Táchira, los diputados Leomagno Flores, Miguel Ángel Rodríguez y Norman Labrador, exigieron en la Asamblea Nacional la actuación del poder legislativo contra el cierre de la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, así como la suspensión del decreto 600 emanado del gobierno de José Vielma Mora.

Flores pidió en plenaria de este martes la discusión general de estos temas y frente a la negativa por parte de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela; se procedió a catalogar de cómplice la actitud de la bancada oficialista, en perjuicio de millones de 

venezolanos a los que se les niega el amparo de la carta magna. 

Miguel Ángel Rodríguez señaló que con el cierre de fronteras no sólo se están causando pérdidas económicas en alrededor de 70 millones de dólares cada día; sino que además se azota a cerca de 300.000 personas que hacen de población flotante entre ambas regiones y unas 100.000 que teniendo nacionalidad venezolana, están impedidas de ingresar al país y ejercer sus derechos.

Explican los diputados que a siete días de las elecciones, con "cruel sorpresa y contraviniendo incluso una declaración del Ministro de Interior y Justicia se ha procedido a cerrar la frontera, en lo que constituye una clara demostración de cobardía frente a las tendencias electorales del venidero ocho de diciembre en la frontera y en todo el Táchira".

Igualmente exigieron que el parlamento nacional se pronuncie contra el decreto 600 que, sostienen, de nuevo estaría criminalizando a los tachirenses, haciéndoles a todos sospechosos de contrabandistas, al obligarles a presentar recaudos personales para poder acceder a bienes y servicios en los comercios del estado fronterizo.

Al respecto reivindicaron el derecho de casi dos millones de tachirenses a ser tratados sin discriminación, por lo que refutan que para adquirir electrodomésticos, alimentos, textiles y otros bienes, deban presentar cédula de identidad, cartas de residencia, registro fiscal y facturas de servicios públicos, tal como lo establece el referido decreto.

Además, dicen, el decreto también estaría violando el derecho de todos los venezolanos que provenientes de otros estados, visiten al Táchira y ahora estarían proscritos en el libre acceso a bienes y servicios.

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