La Alianza Parlamentaria
Democrática de América (APDA), que integran once países de América Latina, informó
su rotundo rechazo al anuncio venezolano de retirarse de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron que “el gobierno
venezolano viene ejecutando un golpe de Estado, de manera lenta y progresiva”.
El diputado
tachirense Miguel Ángel Rodríguez quien es el coordinador por Venezuela ante la
APDA, fue el encargado de presentar el comunicado oficial en rueda de prensa,
en la que estuvieron presentes parlamentarios venezolanos pertenecientes a la
Alianza, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Derechos
Humanos del Parlatino y el diputado José Gregorio Contreras, además de Indira
de Peña y Boni Simonoviz y los abogados Alfredo Romero y Tamara Suju, del Foro
Penal y Nueva Conciencia Nacional, respectivamente, así como Jorge Sánchez, en
representación de los familiares de más de 30 secuestrados del estado Táchira.
El diputado
Rodríguez recordó que la APDA fue constituida para defender la democracia, las
libertades y los derechos humanos en la región por parlamentarios electos de
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay,
Perú, Uruguay y Venezuela.
En el documento
presentado rechazando el anuncio del gobierno venezolano de retirarse de la
CIDH, la APDA sostuvo que “esta medida es el preludio de acciones anti constitucionales
que podría tomar el gobierno venezolano en el futuro inmediato”.
Para esta alianza
parlamentaria “el gobierno venezolano viene ejecutando un golpe de Estado, de
manera lenta y progresiva, secuestrando los poderes públicos, acabando
paulatinamente con las libertades, persiguiendo a la disidencia, y apoyando
abiertamente a gobiernos forajidos y grupos narcoterroristas”.
“Las declaraciones
públicas del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte
Aponte, vienen a confirmar lo que la comunidad internacional ya sospechaba: los
nexos del alto gobierno con el narcotráfico, el uso del poder judicial para
perseguir a la oposición, y la corrupción a niveles nunca antes vistos en
América Latina. Las gravísimas revelaciones de Aponte Aponte y la enfermedad
terminal del presidente Chávez, han detonado dentro del gobierno venezolano
mecanismos inconstitucionales para perpetuarse en el poder”, agrega el
comunicado.
Añaden que “en
este sentido, nos preocupa que recientemente se haya activado el Consejo de
Estado, y que éste sea utilizado no como un ente consultivo, tal como está
contemplado en los Artículos 251 y 252 de la Constitución venezolana, sino como
una Junta Revolucionaria de Gobierno, en sustitución de Chávez”.
También le
preocupa al APDA que el gobierno venezolano pretenda trampear o suspender las
próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre. “Desde hace algún tiempo,
el APDA considera que existen suficientes motivos para que la Organización de
Estados Americanos (OEA) inicie los trámites para activar la Carta Democrática
en contra del gobierno de Venezuela. Sin embargo, los recientes
acontecimientos, arriba mencionados, hacen impostergables acciones en este
sentido”, agregan.
Hacen un llamado a la comunidad
internacional a no abandonar a su propia suerte a los sectores democráticos de
Venezuela, ni mantenerse indiferente ante el sufrimiento de miles de víctimas
de persecución política y de violaciones a los derechos humanos.
“Además, al no ponerle un freno a las
actitudes totalitarias del gobierno de Venezuela, este mismo modelo se exporta
a otras naciones, como de hecho está ocurriendo en Bolivia, Ecuador y
Nicaragua. Por lo anteriormente expuesto, el APDA hace un llamado a los
organismos multilaterales a fijar su atención sobre la delicada situación que
vive Venezuela, y además anuncia que tomará acciones, dentro del marco del
derecho internacional, para defender la democracia y los derechos humanos en
ese hermano país”, finaliza el documento de la APDA.
Miguel Ángel Rodríguez fue enfático
al señalar la “sospechosa desatención”
del gobierno nacional a los numerosos casos de secuestros perpetrados en las
zonas fronterizas del país en los que aparecen civiles y militares vinculados
al entorno del Presidente de la República.
--En esa sospechosa desatención del
gobierno nacional, indiferente ante el dolor de las familias venezolanas
–insistió Rodríguez—hay que buscar la causa de la creciente acción del
narcotráfico y la impunidad en la que permanecen cerca de 150 mil casos de
asesinatos en Venezuela.
Por su parte, el coordinador de este
organismo, diputado boliviano Adrián Oliva Alcázar, al intervenir por
videoconferencia, ratificó la voluntad de la APDA de acudir al sistema
interamericano para presentar todas estas denuncias, reparar los daños y reparar
el estado de democracia en Venezuela.
Oliva recordó que este tipo de
situaciones ha transcendido Venezuela y que países como Bolivia están sufriendo
abusos y violaciones a derechos humanos. Todo esto ha llevado a trabajar de
manera conjunta a los parlamentarios de la APDA y ha obligado a organizarse
para llevar a instancias superiores este tipo de iniciativas.
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