El diputado tachirense Miguel Ángel
Rodríguez quien es el coordinador por Venezuela ante la Alianza Parlamentaria Democrática
de América (APDA), anunció que parlamentarios de 10 paises acudirán a las instancias del Sistema Interamericano
en busca de justicia para los numerosos casos de secuestros, especialmente del
Táchira, que permanecen en la impunidad y denunciar nuevas violaciones a los
derechos humanos, como la detención del abogado José Amalio Graterol y la
negación de medidas humanitarias al comisario Iván Simonovis, afectado por
problemas de salud que mantienen en riesgo su vida.
El diputado Rodríguez hizo el pronunciamiento en rueda de prensa en
la que estuvo acompañado por los parlamentarios Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos del Parlatino, José Gregorio Contreras, además de Indira de Peña
y los abogados Alfredo Romero y Tamara Suju, del Foro Penal y Nueva Conciencia
Nacional, respectivamente, así como Boni de Simonovis, y Jorge Sánchez, en
representación de los familiares de 30 secuestrados del estado Táchira.
El equipo de parlamentarios y
abogados sustanciará y formalizará las denuncias, en las que también estarán
incluidas todas las incidencias acerca de la actuación de la narcopolítica en Venezuela,
que han sido reveladas por el ex presidente de la Sala de Casación Penal del
TSJ, Eladio Aponte Aponte, a la DEA.
El parlamentario tachirense fue
enfático al señalar la “sospechosa desatención” del gobierno nacional
a los numerosos casos de secuestros perpetrados en las zonas fronterizas del
país en los que aparecen civiles y militares vinculados al entorno del
Presidente de la República.
--En esa sospechosa desatención del
gobierno nacional, indiferente ante el dolor de las familias venezolanas
–insistió Rodríguez—hay que buscar la causa de la creciente acción del
narcotráfico y la impunidad en la que permanecen cerca de 150 mil casos de
asesinatos en Venezuela.
A su vez, la diputada Delsa
Solórzano, sostuvo que el 92 % de los homicidios en Venezuela permanece en la
impunidad, pero mientras tanto el gobierno sólo anda interesado en destruir la
OEA y en desmantelar sus instancias dedicadas a velar por los derechos humanos,
como la CIDH.
Por su parte, Jorge Sánchez, hijo de la secuestrada Blanca
Oliva Sánchez, quien lleva cinco años en poder de sus captores, habló en nombre de treinta familias que
tienen a seres queridos en manos de las narcopandillas que actúan en el Táchira
y zonas fronterizas.
Explicó que cada una de estas atribuladas
familias ha hecho diligencias y toda clase de investigaciones particulares,
cuyos resultados han sido llevados al CICPC y al GAES, sin haber recibido hasta
ahora ninguna respuesta efectiva.
--Hemos solicitado
entrevistas al
señor presidente y no hemos sido atendidos. Los venezolanos tenemos el
mismo derecho y merecemos la misma atención que le ha dado este gobierno
a los secuestrados extranjeros. Nuestro pedido es que expropie la
empresa en la que se ha convertido el secuestro en Venezuela, que está
organizada, tiene hombres, armas,
médicos, vehículos, etc.
“Se nos remitió al coronel Manzanares,
quien nos tomó el pelo. Recurrimos al Tribunal Supremo de Justicia y nos respondieron
que esos casos no eran competencia de ellos. Hicimos lo mismo ante tribunales
del Táchira y la respuesta fue idéntica—se quejó Sánchez.
El denunciante indicó que el pedido
de estas treinta familias tachirenses es que se designe una sola Fiscalía
exclusivamente para los casos de secuestros.
--Nos sentimos sin derechos en
Venezuela. Por ello, asistiremos a demandar justicia ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional--puntualizó Sánchez.
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