28/10/2015 "El gobierno nacional lesiona a más de dos millones de personas que
residen entre el estado Táchira y el Norte de Santander, al establecer
en nuestra frontera el teatro de operaciones de una guerra ficticia. Si
hay mafias de contrabando en todo el país, si el narcotráfico se inoculó
en Venezuela y si el desabastecimiento y el galope de la delincuencia
desquician electoralmente a la revolución, no pueden pagar los platos
rotos nuestros pobladores fronterizos a los que se les suspenden
garantías con los estados de excepción y se les está condenando a la
ruina".
Tal expresión corresponde al Diputado Miguel Ángel Rodríguez, quien
junto a sus colegas Andrés Velásquez, Walter Márquez y Gabino Paz,
rechazaron en la plenaria de la Asamblea Nacional la prórroga del estado
de excepción en varios municipios del Táchira y su extensión a un
municipio de Amazonas.
Dice Rodríguez que la coartada de la guerra económica para intentar
lavarse las manos en la ruina del país, tras haber manejado más de 1.7
millones de millones de dólares, ha causado pérdidas superiores a los
200 millones de dólares sólo en la frontera tachirense y está
sentenciando a la quiebra antes de fin de año a al menos el 50 por
ciento de los negocios pequeños y medianos dedicados por tradición a la
actividad de aduana, textiles, plástico, arcilla y comercio
interfronterizo en general.
"Si fuese verdad que redujeron la delincuencia en 96 por ciento por el
estado de excepción, como asegura el comandante de la zona de defensa
integral - General Morantes Torres, y si además hubieran aparecido
alimentos, medicinas y otros productos, como dicen los diputados del
gobierno, entonces no hay por qué seguir con garantías suspendidas. Pero
como sigue la delincuencia y más bien aumentaron las colas de la
escasez en todo el Táchira, la verdad es que hay que declarar el fracaso
de esa operación de cierre de frontera y estado de excepción"
El diputado Rodríguez leyó en plenaria una declaración de un miembro del
denominado polo patriótico del Táchira, Juan Carlos Guevara, quien
denunciaba que entre militares y funcionarios de Sunagro han instalado
una red de extorsión a lo largo de toda la cadena logística de
alimentos, que ha agravado el problema de costos finales al consumidor y
desabastecimiento.
"Lo que denuncia ese dirigente, compañero de la bancada del gobierno,
está pasando en todo el país, y no es culpa de nuestros pobladores
fronterizos, sino de quienes fomentaron la brutal destrucción de nuestra
producción, los negocios de vergüenza con las importaciones, el fraude
mil millonario con el diferencial cambiario y la impunidad con la que
han estado obrando los verdaderos terroristas contra el pueblo".
Rodríguez exigió informar con toda transparencia, "si es verdad lo que
ha anunciado el gobernador José Vielma Mora", la situación de 66
funcionarios militares, 19 policías nacionales bolivarianos y 9 policías
regionales que estarían presos por delitos en la frontera. "Si bien hay
contrabando y narcotráfico de diverso tamaño, nuestro pueblo sabe que
la gran mafia la manejan los conectados al poder y, en medio de tanto
dolor, merecen saber quiénes, cómo y con cuáles facilidades,
contribuyeron a empeorar las condiciones de vida de millones de personas
en los estados fronterizos del país".
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