Diputados exigen apertura de frontera y derogación de decreto 600

En nombre del bloque parlamentario del Estado Táchira, los diputados Leomagno Flores, Miguel Ángel Rodríguez y Norman Labrador, exigieron en la Asamblea Nacional la actuación del poder legislativo contra el cierre de la frontera entre el Táchira y el Norte de Santander, así como la suspensión del decreto 600 emanado del gobierno de José Vielma Mora.

Flores pidió en plenaria de este martes la discusión general de estos temas y frente a la negativa por parte de la fracción del Partido Socialista Unido de Venezuela; se procedió a catalogar de cómplice la actitud de la bancada oficialista, en perjuicio de millones de 

venezolanos a los que se les niega el amparo de la carta magna. 

Miguel Ángel Rodríguez señaló que con el cierre de fronteras no sólo se están causando pérdidas económicas en alrededor de 70 millones de dólares cada día; sino que además se azota a cerca de 300.000 personas que hacen de población flotante entre ambas regiones y unas 100.000 que teniendo nacionalidad venezolana, están impedidas de ingresar al país y ejercer sus derechos.

Explican los diputados que a siete días de las elecciones, con "cruel sorpresa y contraviniendo incluso una declaración del Ministro de Interior y Justicia se ha procedido a cerrar la frontera, en lo que constituye una clara demostración de cobardía frente a las tendencias electorales del venidero ocho de diciembre en la frontera y en todo el Táchira".

Igualmente exigieron que el parlamento nacional se pronuncie contra el decreto 600 que, sostienen, de nuevo estaría criminalizando a los tachirenses, haciéndoles a todos sospechosos de contrabandistas, al obligarles a presentar recaudos personales para poder acceder a bienes y servicios en los comercios del estado fronterizo.

Al respecto reivindicaron el derecho de casi dos millones de tachirenses a ser tratados sin discriminación, por lo que refutan que para adquirir electrodomésticos, alimentos, textiles y otros bienes, deban presentar cédula de identidad, cartas de residencia, registro fiscal y facturas de servicios públicos, tal como lo establece el referido decreto.

Además, dicen, el decreto también estaría violando el derecho de todos los venezolanos que provenientes de otros estados, visiten al Táchira y ahora estarían proscritos en el libre acceso a bienes y servicios.

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