"La cifra de tres millones de dólares diarios en pérdidas, ni siquiera contemplaba que la paralización de actividades económicas, agravada con un estado de excepción, se extendiera durante las últimas semanas a 23 municipios sumando a los estados Zulia y Apure. Nuestra población fue aún mas golpeada por la miseria y el gobierno de Venezuela no da ni una sola señal de rectificación de su política económica, que es la que debe ser acusada por el estímulo directo al contrabando de alimentos regulados y sobre todo de combustibles".
Si ahora los diputados oficialistas abogan porque declaren los estados de excepción en casi todos los municipios del país, atacados por contrabandistas y paramilitares, explica Rodríguez, es justamente porque el mal es nacional y lo fronterizo es una de las graves consecuencias. "Contrabandistas y paramilitares son también quienes acaban con nuestra producción, extraen nuestros dólares preferenciales para hacer negocios sucios con agentes económicos de otras naciones y de paso defienden a plomo cerrado o con amenazas judiciales sus poderosas mafias en Venezuela", acentúa.
Sostiene el parlamentario que si es cierta la cuenta del presidente Maduro, de que en sólo un mes de cierre fronterizo Venezuela se ahorró más de 30 millones de litros de gasolina, entonces resulta justo exigir el procesamiento de los jefes civiles y militares del Gobierno revolucionario que tuvieron la responsabilidad de la cadena de custodia de la gasolina, desde las plantas de llenado hasta las estaciones de servicio. En 15 años serían responsables por ineptitud o por complicidad, de la pérdida de unos 5.400 millones de litros de gasolina y hasta ahora no se conoció de un sólo juicio derivado de acciones de la Fiscalía o la Contraloría.
"También se acaban de cumplir cuatro años del escándalo de millones de kilos de comida podrida importada para Pdval y ni las siglas del organismo creado por Hugo Chávez se cumplen. La Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos -Pdval- no produce, ni garantiza la legal distribución de las importaciones que finalmente llegan al país, por lo que no es ni un argumento que sirva al Gobierno nacional para defenderse a la hora de ser señalado de culpable en la destrucción de nuestro aparato productivo, el amparo a importaciones amañadas y el estímulo al contrabando por persistir en su plan de perseguir a nuestros productores y comerciantes y buscar su quiebra con los controles de precios anacrónicos y populistas".
Finalmente Rodríguez suma su voz a la petición de un dramático aumento de salarios para todos los venezolanos, que acompañe una sinceración del sistema de costos y precios al consumidor y que obligue al Gobierno a dejar de ser el "padrino principal del negocio del contrabando".
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