viernes, 21 de febrero de 2014

Teatro de Guerra en Táchira viola convenciones humanitarias

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Miguel Ángel Rodríguez, señala que tanques y aviones de guerra, además de la aparente sustitución de mando en el Estado, a manos de un cuartel general destacado en el Comando Regional número uno, "no sólo derivan en los desmanes de uso desproporcional de la fuerza, sino que además configura un esquema de terrorismo sicológico".

Señala el diputado que este terrorismo sicológico "sólo aviva más la protesta de los ciudadanos, aumentando peligros y saldos lamentables de ataques, no sólo por parte de infiltrados y grupos de choque paramilitares, sino también por parte de militares de la localidad y hasta paracaidistas de otras zonas".

El diputado, quien junto a otros parlamentarios recaba y procesa información documental y testimonial de los sucesos del país durante los últimos días, rechazó el planteamiento gubernamental de establecer un Teatro de Guerra Militar en la entidad.  "Bajo presunción de ocupaciones extranjeras y de posibles actos terroristas por consumarse, este Teatro de Guerra Militar, se está oponiendo contra las manifestaciones ciudadanas, en violación de convenciones nacionales e internacionales en materia de derechos humanos".

Grave riesgos para alcaldes

El parlamentario llamó la atención no sólo sobre el trato de "enemigo interno" que estaría recibiendo la ciudadanía que protesta en el Táchira, sino también sobre lo que considera enorme riesgo en que habrían puesto las declaraciones del gobierno nacional a los alcaldes recién electos de la unidad democrática.

La vida de estos burgomaestres, dijo, al ser calificados como actores asociados al paramilitarismo colombiano, "corre el peligro de convertirse en objetivo de guerra, en una zona en la que por muchos años se ha denunciado y demostrado presencia guerrillera, colombiana y venezolana. Y si hay posiciones guerrrilleras, y si hay paramilitares, hay que recordar también que tal responsabilidad recae en el gobierno nacional, como ahora recae la responsabilidad de lo que ocurra con la vida de los alcaldes y sus familias".

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