Dip. Miguel Ángel Rodríguez
El parlamentario de la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Rodríguez, advierte que la escalada diplomática entre los gobiernos Venezuela y Estados Unidos ha servido para que el gobierno nacional trate de agudizar la intimidación y persecución contra todo el que proteste por el deterioro general de las condiciones de vida en Venezuela, entre la ruina económica y la pérdida del derecho a la vida en manos del hampa.
Agrega que el gobierno se escuda en el supuesto de una guerra política y económica contra el país y convierte en delito y traición a la patria el legítimo derecho ciudadano a protestar y a señalar al proyecto que nos gobierna como principal culpable.
Asegura Rodríguez que la tensión entre Miraflores y la Casa Blanca ha llegado a expresiones graves que a todos los venezolanos obliga a requerir de Washington, todos los detalles, de todos los casos y de todos los funcionarios que están mencionando; que puedan sustentar una tesis tan grave como la de que "la situación de Venezuela se constituyó en una inusual amenaza a la seguridad de la nación" estadounidense.
Sobre los derechos humanos, Miguel Ángel Rodríguez recordó que ha sido el propio gobierno de turno desde 1999 el que ha obviado la jurisdicción universal que tiene el tema, y cuando se burla de sentencias de la Corte interamericana, de mandatos de grupos de la ONU contra detenciones arbitrarias, y de paso huye de la Comisión Interamericana que rige la materia, se "auto imputa"
La situación se agrava, dice el parlamentario, cuando se criminaliza a organizaciones independientes que han sustanciado profesionalmente casos de asesinatos, torturas y tratos crueles, además de encarcelamientos y procesos judiciales amañados por móviles políticos.
"Así como hemos reclamado al gobierno que hoy encabeza Nicolás Maduro la no injerencia en nuestros asuntos, de personalidades civiles y militares de Cuba, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania, Irán y otras tantas; nos resulta obligatorio pedir a Estados Unidos tal grado de claridad sobre su dictamen presidencial, que no dé cabida a dudas y a manipulaciones, en las que el gobierno pueda ampararse llamando a un supuesto cierre de filas patrióticas, después de haber destruido al país.
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