Pronunciamiento Fondo Chino

Nosotros, venezolanos, a partir de hoy constituidos en un Frente de Conciencia Nacional, interesados en el resguardo de los más elevados intereses de la nación, de la administración de sus recursos y de la garantía de un futuro de progreso y justicia social, declaramos:
1 Hemos tomado posesión de documentos elaborados por representantes del gobierno nacional, quienes tienen entre sus trabajadores a verdaderos patriotas, cuya angustia por el presente y el futuro de Venezuela les ha llevado a colaborar en la empresa de que se conozca la verdadera naturaleza de la administración encabezada por Hugo Chávez Frías.

2 En nuestras manos, y a partir de hoy a disposición de todos los venezolanos, se encuentra un punto de cuenta del ministro Rafael Ramírez al Presidente de la República, además de otros documentos; de cuyo estudio se desprenden comprobaciones de la comisión de hechos contrarios a la constitución y las leyes, además de la necesidad de severas investigaciones a las que deben sumarse sin distracción ni demora, tanto la asamblea nacional, como los distintos órganos de los poderes judicial y moral.

3 Este punto de cuenta, el número 062-11, fechado el 15 de abril del año 2011, referido a la urgente búsqueda de recursos financieros para Pdvsa, revela la manera irresponsable, inaceptable y lesiva a los intereses de la nación, como el Ejecutivo nacional ha suscrito tres acuerdos con la República Popular China por decenas de miles de millones dólares, violando el régimen fiscal y monetario establecido en la Constitución Nacional, además del articulado de la Ley Orgánica de Administración financiera del sector público.

4 El punto de cuenta que hoy hacemos conocer al país, constituye también una confesión del cómo los acuerdos denominados coloquialmente como “Fondo Chino” han golpeado la estabilidad financiera de Petróleos de Venezuela, al punto de depender de la firma ocasional del mismo Presidente que sentenció su desgracia, para sobrevivir a lo que el ministro Rafael Ramírez llama “carga financiera muy pesada para Pdvsa que requiere una solución estructural”.


5 Dirigimos de inmediato al Foro Penal venezolano, a las Academias, a los Colegios Profesionales, a las Autoridades Universitarias, estudiantes y demás grupos juveniles, a las Iglesias, a los trabajadores en sus distintas asociaciones, tanto el punto de cuenta, como los demás documentos facilitados por empleados del Gobierno Nacional, a fin de que se proceda a restituir el derecho violentado por el Ejecutivo Nacional y a castigar conforme a la constitución y a las leyes a quienes haciendo uso abusivo de su poder conspiraron contra ellas.

6 Invocamos en este acto, entre otros instrumentos, el artículo 138 del código penal venezolano: “El individuo que, encargado por el Gobierno de la República para tratar de negocios de Venezuela con un Gobierno extranjero, traicione su mandato, perjudicando los intereses públicos, será castigado con presidio de seis a doce año”.

Los hechos…

• Desde el año 2007 el Gobierno Nacional decidió romper con el sagrado deber de defensa de bienes y rentas nacionales, mantenido hasta la fecha por todos los Gobiernos Republicanos, y que originó la redacción del artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público: “no se podrán contratar operaciones de crédito público, con garantía o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales”. Es ilegal que la garantía principal del acuerdo sea el petróleo (y tenemos conocimiento de que también bienes de la actividad ferro-minera venezolana, se estarían tomando como garantía para estos convenios).

• En el caso de los créditos de la República Popular China, el Gobierno decidió deliberadamente crear u fondo para romper con la unidad del Tesoro Nacional, con lo cual violó además la obligación constitucional de contraer deuda, sólo a través de la Ley Especial de Endeudamiento que se presenta anualmente junto a la Ley de Presupuesto. El Fondo Chino no fue presentado en los proyectos de endeudamiento de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011; con lo cual el Gobierno incumplió con el deber de decir a qué proyectos, en qué condiciones y en qué lapsos de cumplimiento se desarrollarían los financiamientos. (art. 312 crbv)

• Llama la atención que Ramírez cuenta al presidente Chávez que con el envío de 430.000 barriles diarios a la empresa petrolera china, en 2011 Pdvsa tendría un impacto negativo en flujo de caja por más de 18.400 millones de dólares –sólo en 2011- una cifra muy superior a los 16.800 millones de dólares que Venezuela recibió de China desde 2007.

• Llama la atención que Ramírez cuenta al presidente Chávez que las estimaciones del precio del barril petrolero para los envíos de crudo y derivados a la petrolera China, oscilaron entre los 50 y 40 dólares, cuando los valores del mercado fueron muy superiores: 86,5 en 2008, 57,0 en 2009 y 72,2 en 2010.

• Llama la atención que por la referencia subvaluada del precio de nuestro barril petrolero vendido a China, resulta un ministerio el costo final de transacción con la petrolera China, por lo que también se mantienen ocultas las cifras de excedentes que en principio pasaban al Tesoro Nacional y que ahora deberían estar pasando a Pdvsa.


• Alarma el hecho que narra Rafael Ramírez al presidente Chávez, de cómo desde 2009 Pdvsa no pudo contabilizar más sus envíos a la petrolera china como pago de regalías en especie y debió asumir el 100 por ciento del costo financiero y operacional de los acuerdos entre los dos Gobiernos.

• La falta de transparencia y la ilegalidad con la que se contrae una deuda que a esta fecha (nov. de 2011) podría estimarse en 32.000 millones de dólares, está siendo aprovechada por el gobierno venezolano para financiar a allegados en el extranjero, como es el caso de empresas de Irán y de Argentina, citadas en otro punto de cuenta (número 119 del 24 de junio de 2010); a las que se le aprueba cifras millonarias por presuntos trabajos en nuestros país que, además no se han cumplido, y que restan oportunidad de trabajo a los venezolanos.

En consecuencia…

Demandamos la nulidad de los convenios entre Venezuela y la República Popular China, denominados “FONDO PESADO 1, FONDO PESADO 2 Y FONDO DE GRAN VOLUMEN Y FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO”; por constituir un esquema inconstitucional en el que el Ejecutivo Nacional se apropia de decenas de miles de millones de dólares, los administra sin control de ninguna especie, atenta contra la estabilidad de la más estratégica empresa nacional (PDVSA) y, hasta la fecha, no muestra responsablemente al país ni las bases de su negociación con un país extranjero, ni resultados –más allá del papel – de unas presuntas inversiones que debieron supuestamente redundar en el desarrollo de nuestras áreas de construcción de infraestructura, y en general, el desarrollo económico y social de Venezuela.

Alertamos al país sobre la posibilidad de que este esquema inconstitucional , instalado con la justificación de ayudar al desarrollo nacional, más bien se haya convertido en una inmensa “lavadora” de recursos orientados a una mil millonaria corrupción que podría vincular a agentes de los gobiernos venezolano y chino y a sus asociados en distintas partes del mundo.

Informamos tanto a los venezolanos, como al concierto de naciones en el mundo, que de inmediato procedemos a exigir que tanto el gobierno del presidente Hugo Chávez, como el gobierno del Presidente chino Hu Jintao, sean escrutados a profundidad sobre los convenios de base ilegal que mantienen desde el año 2007.

Exhortamos a la Asamblea Nacional, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de Venezuela, a actuar con transparencia sobre los actos que de inmediato acometeremos, sin desestimar la posibilidad de los juicios a que hubiere lugar respecto de los responsables, tengan el rango que tengan en el Ejecutivo Nacional venezolano.


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