miércoles, 1 de junio de 2011

PIDEN INTERPELAR A MINISTRO EL AISSAMI Y A COMANDANTE DE LA GNB



Por graves violaciones a la Constitución en desmedro de los derechos de las familias afectadas por el “desastre natural” el bloque parlamentario de la Concertación Humanista anunció el trámite inmediato de la Directiva de la Asamblea Nacional para la interpelación en plenaria legislativa del ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami y del Comandate Gral de la GNB, Mayor Gral. Luis Motta Domínguez.

El diputado por el Táchira, Miguel Ángel Rodríguez, señaló que los altos funcionarios del Ejecutivo Nacional actúan al frente de un “comando de asalto” que sabotea la labor de socorro y reconstrucción que el Gobierno democrático del Táchira lleva adelante desde el mes de noviembre, y que además confisca maquinarias, personal, y oficinas de empresarios arraigados en el Estado que ya venían trabajando bajo la coordinación del gobernador Cesar Pérez Vivas.

“Prácticamente se robaron 100 máquinas de 17 empresas privadas y para las 97 zonas afectadas en todo el estado apenas unas 20 están trabajando; hablamos en representación de las 1.800 personas afectadas y de las 5.650 personas en peligro potencial, que tienen derecho a que los recursos que le corresponden al Táchira lleguen a su legítimo Gobierno para que puedan continuar y expandirse las labores de socorro y reconstrucción. Repudiamos, que habiendo emergencias desde noviembre hace apenas 15 días, el Gobierno Nacional se apersone al Táchira, y lo haga para obstruir, violentar la seguridad jurídica, y defraudar una vez más a nuestras comunidades”, dijo.

Recordó Rodríguez, que en gran medida el caos vial y habitacional que viven el Táchira y el resto del país, se debe a las mismas violaciones constitucionales del Gobierno central. “Cuando el Gobierno Nacional, se robó las competencias y los recursos de los Estados en materia de carreteras y autopistas tenía que haber invertido cerca de $ 10 mil millones para mantenerlas y expandirlas. Hoy su ineptitud hace que la necesidad financiera ronde los $ 20 mil millones según el Colegio de Ingenieros de Venezuela”.

Sobre el tema habitacional recordó que en Táchira hay demostración a todo el país de lo que califica como un crimen por retaliaciones políticas. Refirió el caso de la destrucción de una populosa barriada en San Cristóbal (Barrio El Río, sector La Playa) que azotada por la crecida de un río concitó el socorro de los Gobierno democráticos de San Cristóbal y del Táchira. “Allí se hizo presente el Ministerio de Obras Publicas y Viviendas, allí llego con su arrogancia el ministro Diosdado Cabello, allí prometió el Gobierno Nacional 400 casas, y allí han pasado 2 años y no ha llegado la primera teja; no permitiremos que continúe el sabotaje y el empleo del dinero de todos los venezolanos en fines distintos a la atención solidaria de los afectados por los desastres naturales”, comentó.

La solicitud de interpelación será formalizada en las próximas horas en la oficina del presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas.

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