jueves, 7 de junio de 2012

APDA SE PRONUNCIAN CONTRA LA SALIDA DE VENEZUELA DE LA CIDH




La Alianza Parlamentaria Democrática de América (APDA), que integran once países de América Latina, informó su rotundo rechazo al anuncio venezolano de retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y denunciaron que “el gobierno venezolano viene ejecutando un golpe de Estado, de manera lenta y progresiva”.

El diputado tachirense Miguel Ángel Rodríguez quien es el coordinador por Venezuela ante la APDA, fue el encargado de presentar el comunicado oficial en rueda de prensa, en la que estuvieron presentes parlamentarios venezolanos pertenecientes a la Alianza, la diputada Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlatino y el diputado José Gregorio Contreras, además de Indira de Peña y Boni Simonoviz y los abogados Alfredo Romero y Tamara Suju, del Foro Penal y Nueva Conciencia Nacional, respectivamente, así como Jorge Sánchez, en representación de los familiares de más de 30 secuestrados del estado Táchira.

El diputado Rodríguez recordó que la APDA fue constituida para defender la democracia, las libertades y los derechos humanos en la región por parlamentarios electos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En el documento presentado rechazando el anuncio del gobierno venezolano de retirarse de la CIDH, la APDA sostuvo que “esta medida es el preludio de acciones anti constitucionales que podría tomar el gobierno venezolano en el futuro inmediato”.

Para esta alianza parlamentaria “el gobierno venezolano viene ejecutando un golpe de Estado, de manera lenta y progresiva, secuestrando los poderes públicos, acabando paulatinamente con las libertades, persiguiendo a la disidencia, y apoyando abiertamente a gobiernos forajidos y grupos narcoterroristas”.

“Las declaraciones públicas del ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Eladio Aponte Aponte, vienen a confirmar lo que la comunidad internacional ya sospechaba: los nexos del alto gobierno con el narcotráfico, el uso del poder judicial para perseguir a la oposición, y la corrupción a niveles nunca antes vistos en América Latina. Las gravísimas revelaciones de Aponte Aponte y la enfermedad terminal del presidente Chávez, han detonado dentro del gobierno venezolano mecanismos inconstitucionales para perpetuarse en el poder”, agrega el comunicado.

Añaden que “en este sentido, nos preocupa que recientemente se haya activado el Consejo de Estado, y que éste sea utilizado no como un ente consultivo, tal como está contemplado en los Artículos 251 y 252 de la Constitución venezolana, sino como una Junta Revolucionaria de Gobierno, en sustitución de Chávez”.

También le preocupa al APDA que el gobierno venezolano pretenda trampear o suspender las próximas elecciones presidenciales del 7 de octubre. “Desde hace algún tiempo, el APDA considera que existen suficientes motivos para que la Organización de Estados Americanos (OEA) inicie los trámites para activar la Carta Democrática en contra del gobierno de Venezuela. Sin embargo, los recientes acontecimientos, arriba mencionados, hacen impostergables acciones en este sentido”, agregan.
Hacen un llamado a la comunidad internacional a no abandonar a su propia suerte a los sectores democráticos de Venezuela, ni mantenerse indiferente ante el sufrimiento de miles de víctimas de persecución política y de violaciones a los derechos humanos. 

“Además, al no ponerle un freno a las actitudes totalitarias del gobierno de Venezuela, este mismo modelo se exporta a otras naciones, como de hecho está ocurriendo en Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Por lo anteriormente expuesto, el APDA hace un llamado a los organismos multilaterales a fijar su atención sobre la delicada situación que vive Venezuela, y además anuncia que tomará acciones, dentro del marco del derecho internacional, para defender la democracia y los derechos humanos en ese hermano país”, finaliza el documento de la APDA.

Miguel Ángel Rodríguez fue enfático al señalar la   “sospechosa desatención” del gobierno nacional a los numerosos casos de secuestros perpetrados en las zonas fronterizas del país en los que aparecen civiles y militares vinculados al entorno del Presidente de la República.

--En esa sospechosa desatención del gobierno nacional, indiferente ante el dolor de las familias venezolanas –insistió Rodríguez—hay que buscar la causa de la creciente acción del narcotráfico y la impunidad en la que permanecen cerca de 150 mil casos de asesinatos en Venezuela.

Por su parte, el coordinador de este organismo, diputado boliviano Adrián Oliva Alcázar, al intervenir por videoconferencia, ratificó la voluntad de la APDA de acudir al sistema interamericano para presentar todas estas denuncias, reparar los daños y reparar el estado de democracia en Venezuela.

Oliva recordó que este tipo de situaciones ha transcendido Venezuela y que países como Bolivia están sufriendo abusos y violaciones a derechos humanos. Todo esto ha llevado a trabajar de manera conjunta a los parlamentarios de la APDA y ha obligado a organizarse para llevar a instancias superiores este tipo de iniciativas.
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