Las senadoras Carmen Eva Gonzáles
y María Elena Méndez, junto al diputado Adrián Oliva quien es Coordinador
Continental de la Alianza Parlamentaria
Democrática de América (APDA), enviaron una carta a la representante de la ONU en Ginebra solicitando un
pronunciamiento.
Reiteraron el pedido a la Organización de
Naciones Unidas de conformar una comisión con representantes internacionales
para verificar las denuncias de persecución política contra el Gobierno del
presidente Evo Morales.
“Estamos demandando se
debata una ley de amnistía que permita que todos los presos que llevan más de
18 meses sin sentencia puedan ser liberados y defenderse en esa condición en
los procesos que se sigue, también pedimos que se conforme una comisión de la
verdad con representantes de organismos internacionales para velar por las
denuncias de persecución política, también hemos planteado que se otorgue las
garantías a todos aquellos bolivianos que se encuentran refugiados en el
exterior para que estas personas puedan retornar al país y asumir defensa ante
una instancia judicial independiente que vele por los derechos de las
personas”, manifestó Oliva.
Los legisladores Bolivianos cuestionaron
que estas denuncias y peticiones que fueron dadas a conocer con antelación a
las autoridades locales de la ONU,
no hayan derivado en acciones correspondientes por lo que se aguardará el
pronunciamiento oficial de las oficinas en Ginebra, Suiza.
La iniciativa de los
parlamentarios bolivianos ha encontrado respaldo de sus pares venezolanos, pues
el diputado Miguel Ángel Rodríguez quien además es el Coordinador por Venezuela
de la APDA, ha
expresado su apoyo.
“Nosotros aquí estamos solidarios
con la causa de nuestros colegas parlamentarios bolivianos y ratificamos al país
que el escrutinio de los Derechos Humanos y a la defensa de la protección
interamericana a los derechos de los ciudadanos, no la vamos abandonar sobre
todo cuando estamos bajo el azote de gobiernos como el de Bolivia, Nicaragua,
Venezuela, Ecuador y otros tantos que exhiben la hoja de ruta comandada por los
castro desde Cuba y financiada por Chávez desde Caracas contra las libertades y
los derechos de la gente, indicó Rodríguez.
Cabe destacar que esta es la
segunda crisis sobre los derechos humanos que se presenta en Bolivia en lo que
va de mes, puesto que hace poco el jefe de la bancada opositora, el senador
Roger Pinto Molina, solicitó asilo en la Embajada de Brasil. El asilo fue concedido pero
el gobierno boliviano se niega a dar el salvoconducto correspondiente.
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